EL FINAL DE FERNANDO VII Y EL PROBLEMA SUCESORIO

Fernado VII
Retrato de Fernando VII con uniforme de capitán general, por Vicente López Portaña (c. 1814 – 1815). [Museo del Prado]

El año 1830 presenta un punto de inflexión entre tres perspectivas políticas. Los liberales, por un lado, que aumentaron sus expectativas de insurrección por la revolución de julio en Francia, y, por otro lado, en la cuestión dinástica se forjaron dos modelos: los realistas-carlistas y los reformistas-fernandistas (más tarde isabelinos). Fernando VII había inclinado la balanza política hacia el lado reformista, cosa que no gustó a los realistas por lo que vieron en su falta de descendencia la posibilidad de que su hermano, Carlos María Isidro de Borbón y Borbón, heredara la corona y dispusiera unas políticas más acordes con sus ideales. Cuando el 17 de mayo de 1829 fallece la tercera esposa del Rey, Amalia de Sajonia, los realistas-carlistas ven sus esperanzas casi conseguidas, pero en ese momento el Rey preparó una jugada estratégica que cambiaría totalmente el tablero de juego. El 26 de septiembre de ese mismo año, el Rey, anunciaba públicamente su compromiso con María Cristina de Borbón-Dos Sicilias con quien se casó el 11 de diciembre de 1829. Además, el 31 de marzo de 1830 promulgó la Pragmática Sanción que en 1789 su padre, Carlos IV, había aprobado sin que llegará a entrar el vigor. Esta Pragmática Sanción abolía la Ley Sálica, la ley que impedía que la sucesión de la corona recayera en una mujer. Este movimiento de Fernando VII se vio esclarecido cuando un mes después anunciaron que la reina María Cristina estaba embarazada, de este modo, el rey aseguraba que su descendiente gobernaría España, independientemente de su sexo y cerraba el paso al infante Carlos y a la oposición realista.

Para los reformistas y las elites de palacio la sucesión al trono del infante Carlos paralizaría y bloquearía las reformas, la rapidez de la boda demostraba la urgencia de un heredero y la promulgación de la pragmática con antelación al conocimiento del sexo del heredero se prestaba a dar cobertura jurídica y legitimadora a la sucesión en caso de ser de sexo femenino, como fue el caso. El 10 de octubre de 1830 nacía María Isabel Luisa de Borbón y Borbón-Dos Sicilias, hija y heredera legítima de Fernando VII, dejando al infante Carlos al margen de la herencia regia. La situación abrió una crisis política entre 1830 y 1833, librada sobretodo en palacio que tuvo su punto de inflexión en los sucesos de La Granja de 1832, donde las conjuras palatinas y las actividades en favor de la causa carlista llegaron a su final.

El 18 de septiembre de 1832, cuatro días después de haberse acentuado la enfermedad del rey, personajes con notable influencia en palacio, como el confesor del Rey o Francisco Tadeo Calomarde, presionan tanto al Rey como a la Reina con la velada amenaza de una guerra civil. La reina, viendo que no contaría con el apoyo de estos durante la Regencia a la muerte del rey, convence a Fernando VII para que acceda a su petición de derogar la Pragmática Sanción, y, por tanto, la validez de la Ley Sálica. Los carlistas inclinan momentáneamente, y por última vez, la balanza a su favor.

Diez días más tarde, el 28 de septiembre los reformistas y personajes de palacio vinculados a la causa isabelina recuperar terreno y consiguen la anulación de la derogación de la Pragmática Sanción y por tanto vuelven a conseguir la legitimidad de Isabel como heredera al trono. Esto supuso una irreversible consolidación de la estrategia reformista. El Gobierno quedó destituido y significó el fin político de Calomarde mientras se formaba un nuevo gobierno sin presencia de personajes ultras. El reformismo de los fernandistas adquiría un nuevo tono al desligarse de los presupuestos ultras, lo que significaba un proceso de transición. Así se acababan siete años de enfrentamientos entre ultras y reformistas, los ultras eran apartados y se plantea la negociación con los sectores liberales moderados.

Para ver este tema en profundidad analizaremos la Gaceta de Madrid, nº1 del 1 de enero de 1833 en la que se describe en un artículo de oficio la salud del Monarca: «El Rey, nuestro Señor continúa perfectamente en su convalecencia. Acompañado de su augusta Esposa la Reina nuestra Señora ha salido hoy a paseo a la una del día, […]» Sin embargo, lo más característico de este documento es el real decreto que viene a continuación. En él se describe como la Reina «por disposición del Rey, mi muy caro y amado Esposo, que para un asunto del Real servicio se presenten a S. M. las personas siguientes […]» cita a una serie de personas para que el día 31 de diciembre se reúnan en la cámara del rey quien, estando todos presentes, hace entrega de una declaración escrita de su propia mano que mandó leer a Don Francisco Fernández del Pino, notario mayor de los reinos.

En dicha declaración Fernando VII anuncia que la anterior derogación de la Pragmática Sanción realizada por él es nula y de ningún valor, alegando que se le engañó para tomar tal decisión pensando que estaba en juego la paz del reino. «La turbación y congoja de un estado, en que por instantes se me iba acabando la vida, indicarían sobradamente la indeliberación de aquel acto, si no la manifestasen su naturaleza y sus efectos. Ni como Rey pudiera Yo destruir las leyes fundamentales del reino, cuyo restablecimiento había publicado, ni como Padre pudiera con voluntad libre despojar de tan augustos y legítimos derechos a mi descendencia. Hombres desleales ó ilusos cercaron mi lecho, y abusando de mi amor y del de mi muy cara Esposa a los españoles, aumentaron su aflicción y la amargura de mi estado, asegurando que el Reino entero estaba contra la observancia de la pragmática, y ponderando los torrentes de sangre y la desolación universal que habría de producir si no quedase derogada». También insta en el hecho de que se hizo pública tal abolición, pese a que él, Fernando VII, mandó que se mantuviera en secreto hasta su muerte.

Fer y Maria Cris
Fernando VII y María Cristina paseando por los jardines de Aranjuez, en 1830. Óleo de Luis Cruz y Rios. [Museo de Bellas Artes de Asturias]

El nuevo Gobierno estaba encabezado por Francisco Cea Bermúdez como ministro de Estado, quien ya había formado parte del Gobierno anteriormente y fue el personaje encargado de consolidar esa línea de reformismo administrativo retomando la cultura política del despotismo ilustrado. En el terreno institucional la estrategia sucesoria isabelina se completaba preparando la Regencia, ante el posible fallecimiento del Monarca enfermo, con la habilitación de la reina María Cristina para que despachara con el Gobierno, elemento que vemos claramente en el documento Gaceta de Madrid, nº1 del 1 de enero de 1833 ya que es ella quien dispone los decretos. La estrategia política, visto ya el enfrentamiento directo con los carlistas que se han convertido en el enemigo principal del régimen, versará en la necesidad de sostener el Gobierno con cierto grado de apertura política. Publicarán un indulto general y un real decreto donde se establece amnistía para delitos políticos autorizando el regreso de los exiliados. Es decir, de los liberales.

En esa misma línea se creó el Ministerio de Fomento, que fue objeto de disputas y resistencias entre reformistas y ultras, como pieza institucional básica en el proceso racionalizador de la Administración. También fueron sustituidos cinco capitales generales al tiempo que aumentaban las inspecciones de las tropas regulares dirigidas al control o sustitución de mandos proclives a Carlos. Las respuestas carlistas se multiplicaron en el año 1833 con conspiraciones en palacio que se desataron aún más con la muerte del monarca. A principios de marzo de 1833 el infante Carlos preside por última vez el Consejo de Estado y sale del país, junto con la princesa de Beira, hacia Portugal, ya que se niega a jurar a su sobrina como legitima heredera.

El 20 de junio la princesa Isabel es jurada como heredera de la Corona y el 29 de septiembre fallece su padre, el Rey, definiendo el último episodio de las opciones del futuro del país: una Reina en minoría de edad, cuya Regencia recaería en manos de su madre María Cristina, hasta su relevo por Espartero en 1840. Para los realistas-carlistas una vez agotadas las estrategias palatinas ya no había ningún obstáculo ni otra estrategia que el levantamiento armado. A primeros de octubre una secuencia de sublevaciones inauguró en 1834 una guerra civil que duró siete años, cuyo discurrir influiría en una transición que derivaría en una ruptura liberal.

Para ver este tema analizaremos la Gaceta Extraordinaria de Madrid, nº119 del 29 de septiembre de 1833 donde se anuncian varios artículos de oficio emitidos por el secretario del despacho de Estado con los partes de los médicos de la cámara hablando de la salud del monarca. El primer parte corresponde al día citado por la mañana: «S.M. el REY continúa en el mismo estado que ayer, habiéndose quedado hoy en cama. Dios guarde á V. E. muchos años. Palacio 28 de septiembre de 1833. =Excmo. Sr.: =Pedro Castelló. =Manuel Damian Perez. =Sebastian Aso Travieso. =Excmo. Sr. sumiller de corps de S.M.». En el segundo parte, emitido por la tarde, se anuncia ya la muerte del soberano: «[…] mas á las tres menos cuarto sobrevino al Rey repentinamente un ataque de apoplegía tan violento y fulminante, que á los cinco minutos, sobre poco mas ó menos, terminó su preciosa existencia».

A continuación de la Gaceta se anuncia unos Reales Decretos en los que María Cristina aparece ya como Reina Gobernadora, como regente de su hija la Reina Isabel II, tal como se había dispuesto en la sucesión real. «Como REINA Gobernadora de estos Reinos, durante La menor edad de mi muy cara y amada Hija la REINA Doña ISABEL II, y para que no se detenga el despacho de los negocios del Estado por la muerte de mi muy caro Esposo y Señor El REY D. FERNANDO, que está en gloria, acaecida hoya á las tres menos quarto de la tarde, he venido en confirmar a los Secretarios de Estado Y del Despacho D. Francisco de Zea Bermudez, D. Josef de la Cruz, el conde de Ofalia, D. Juan Gualberto Gonzalez y D. Antonio Martinez, y mandar que continúen en el ejercicio de sus respectivos cargos […]». Estos cargos habían sido sustituidos en marzo y son mantenidos por la regente, por el momento, al igual que los cargos de otras autoridades del reino, «Satisfecha del buen desempeño y lealtad de las autoridades del Reino, y para que no se detenga el despacho de los negocios por la muerte de mi muy amada Esposo y Señor el Rey D. FERNANDO, que en santa gloria está: He venido como REINA Gobernadora, y en nombre de mi augusta Hija la REINA Doña ISABEL II, en confirmar á todas y á cada una de ellas, y mandar que continúen en el ejercicio de sus funciones, procurando la paz y la justicia de los pueblos que les están respectivamente encomendados […]».

La Reina Gobernadora y los reformistas se plantearon una doble opción para que se sostuviera la causa isabelina. Por un lado, la estabilización del régimen por la senda de las reformas administrativas, sin profundizar en una apertura política que ya había tenido sus límites con la amnistía y el regreso de los exiliados liberales. Por otro lado, cada vez fue adquiriendo más consistencia entre sectores de las elites militares, políticas y económicas la idea de reformismo político para sostener el régimen y la causa isabelina, evitando así el derrumbamiento del Estado. Para ello era preciso acelerar el proceso de reformas administrativas y económicas que implicaba un cierto desmantelamiento jurídico del Antiguo Régimen, orientado hacia la formación del mercado nacional y a ensayar una reforma política que introdujera cierto sistema representativo sin que cuestionara los principios absolutos y los poderes de la Corona. Y en este sentido la Regente empezó a recibir muchos consejos, a los que acabó cediendo.

El primer nombramiento de envergadura fue el de Francisco Javier de Burgos en sustitución de Ofalia el 21 de octubre de 1833 como ministro de Fomento, departamento clave del nuevo impulso reformista. Sentó las bases de la Administración pública española que recogería la centralización del Estado liberal. Mientras se planteaban las reformas la Reina Gobernadora era cada vez más sensible a las presiones que tenían como objetivo una reforma política y convocatoria de Cortes frente al inmovilismo que, en plena sublevación carlista, hacía peligrar el régimen. El planteamiento de Javier de Burgos y otros notables próximos a la Corona era el de transformar un absolutismo por mediación de un reformismo en el que confluyeran distintos sectores moderados, con un pacto de participación semi-abierto socialmente.

Finalmente, la Regente decidió cambiar el Gobierno en la dirección que le apuntaban y Cea era sustituido por Francisco Martínez de la Rosa, encargado de acoplar una apertura política en sentido moderado con un nuevo sistema político basado en el fuerte protagonismo de la Corona. La fórmula de articulación político-institucional del Estado fue el sistema hibrido del Estatuto Real, promulgado en 19 de abril de 1834.

Caballeria carlista
Carga de la caballería carlista. Obra de Ferrer-Dalmau

La guerra civil de siete años, entendida como Guerra Carlista (1833-1840), se integra plenamente en el proceso de disolución del Antiguo Régimen en España. Fue un conflicto que reorientó el rumbo de la transición pactada desde arriba, representada por el Estatuto Real, hacia la ruptura liberal y la conclusión jurídica del Antiguo Régimen. En este aspecto la insurrección carlista sobrepasa las dimensiones de una cuestión dinástica y podríamos analizarlo como la resistencia del Antiguo Régimen contra la instalación del Estado Liberal, con todas sus implicaciones sociales y económicas.

Isa
Isabel II niña. Retrato de Vicente López Portaña.
Carlos
Carlos María Isidoro. Retrato de Vicente López Portaña.

El carlismo reunió las propuestas políticas del realismo sobre todo entendidas como oposición a las fórmulas liberales y al reformismo desde el Estado Absoluto. Tuvo como base de la insurrección el voluntariado realista, pero sobre todo aglutinó un heterogéneo cuerpo social y por ello se extendió geográficamente hasta convertirse en guerra civil. El común denominador era la oposición al cambio liberal, más preocupados por un mundo estable que se cuarteaba que por legitimidades dinásticas, aunque éstas fueran percibidas como el símbolo de sus preocupaciones. En última instancia el carlismo fue la cobertura ideológica y de acción que encauzó el desasosiego de un modelo de sociedad en crisis.

A la altura de 1834-35 la Regente vio la incapacidad de ganar la guerra y empezó a cuajar la idea de que el sostenimiento de la Corona y la victoria de la guerra civil estaban asociadas a la implantación de un régimen representativo plenamente liberal. La convocatoria de Cortes fue publicada el 20 de mayo de 1834 y para tratar el tema utilizaremos la Gaceta de Madrid, nº 93 del 24 de mayo de 1934 donde aparece la Real Convocatoria de Cortes. Dicha gaceta comienza con un artículo de oficio donde se describe la buena salud de la Reina y de la Regente y a continuación se detalla la Real Convocatoria: «Doña ISABEL II, por la gracia de Dios, REINA de Castilla, de Leon, de Aragon, de las Dos-Sicilias, de Jerusalen, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, De Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Menorca, de Jaen, de los Algarhes, de Algeciras, de Gibraltar, de las Islas Canarias, de las Indias Orientales y Occidentales, Islas y Tierra-firme del mar Océano; Archiduquesa de Austria; duquesa de Borgoña, de Brabante y de Milan; Condesa de Abspurg, Flandes, Tirol y Barcelona; Señora de Vizcaya y de Molina y en su Real nombre Doña MARIA CRISTINA DE BORBÓN, como Reina Gobernadora durante la menor edad de mi excelsa Hija, á todos los que las presentes vieren y entendieren, sabed: […] he resuelto a convocar, como por la presente convoca, las Cortes Generales del Reino, que deberán congregarse en la heroica villa de Madrid el dia 24 del próximo mes de Julio,[…]».

Fue compuesta por 104 próceres natos y designados, 188 procuradores elegidos de los cuales 130 eran terratenientes, comerciales, fabricantes y procedentes de profesiones liberales, 53 empleados públicos y militares y 5 eclesiásticos. El regreso de exiliados, que se multiplicó en 1834, animó al debate y la actividad política y como dato significativo vemos como la Regente notifica en un real decreto la ampliación de la amnistía de 1832: «Deseando celebrar con un nuevo beneficio el acto solemne de convocar las Cortes Generales del Reino; he venido en ampliar, conformándome con el dictamen de mi Consejo de Ministros, el Real decreto de amnistía de 20 de octubre de 1832, derogando las excepciones en él expresadas. […]». Esto no hizo más que consolidar la ruptura liberal, ya que en 1836 se celebraron elecciones que supusieron un punto de inflexión en la transición que se estaba llevando a cabo. La apuesta radical por la vuelta a la Constitución era evidente tanto que el 13 de agosto de 1836 un decreto de la Reina Gobernadora, totalmente obligada, restablecía la Constitución de 1812.

Hay que entender que a la altura de 1836 el texto de Cádiz ofrecía acusados desfases y dificultades para su aplicación, es por ello que empezó a formarse la Constitución de 1837, que fue elaborada para encontrar un camino intermedio entre la Constitución de Cádiz y el Estatuto Real. Pero todo esto no llevó más que a una crisis, mientras que en lo militar la guerra carlista no había cesado aún. Finalmente, el 31 de agosto de 1939 se firma el Convenio de Vergara entre el general carlista Rafael Maroto y el general isabelino Baldomero Espartero que daba por concluido el conflicto con la promesa de traslada a las Cortes la cuestión del mantenimiento del régimen foral, además de aceptar la integración de oficiales y jefes carlistas en el ejército liberal.

Espartero
Baldomero Espartero, pintura de José Casado de Alisal [Galería del congreso de los Diputados]

A la muerte de Fernando VII Espartero había apoyado la causa de Isabel II y durante la primera guerra carlista el general Espartero dio muestras de sus cualidades como militar, lo que contribuyó a que acabara siendo convertirlo en un héroe nacional. El final victorioso de la guerra carlista le valió la dignidad de grande de España y el título de duque de la Victoria. Entroncando estos datos con el contexto de crisis que nos encontramos podemos vislumbrar un cruce de estrategias personales: Espartero y María Cristina, vinculados en principio a una solución progresista o moderada respectivamente. La estrategia de Espartero consistía en aprovechar el conflicto abierto por los progresistas y provocar la caída del Gobierno moderado. Por otro lado, la Regente era consciente de la delicada situación política entre la apuesta moderada por continuar su proyecto, con el que estaba ya vinculada, y las presiones de la oposición para frenar sus pretensiones.

Fue la guerra civil la que encumbró en términos militares y populares a Espartero, en 1840 su liderazgo militar estaba en condiciones de convertirse en liderazgo político. El pueblo liberal adopta en Espartero un nuevo mito de la revolución liberal, la revolución queda personificada y mitificada en una figura que parece ante los ojos del pueblo llano como el salvador, el único capaz de dar respuestas a las aspiraciones y necesidades del pueblo. Hubo intentos de atraer a Espartero a la Corona nombrándolo Ministro de Guerra, pero no dieron sus frutos e incrementarlos más las discrepancias entre ambos, especialmente acerca del papel de la Milicia Nacional y de la autonomía de los ayuntamientos. Sucesivas sublevaciones de las ciudades más importantes contra María Cristina y el levantamiento de Juntas provinciales pusieron punto final a esta situación insostenible. Espartero apoyó el alzamiento de juntas, que era donde verdaderamente residía el poder, inclinando a favor suyo la balanza. El 6 de octubre los ministros le presentan a la Regente su programa de gobierno que incorporaba la disolución de Cortes, la anulación de la ley municipal y la posibilidad de la corregencia con Espartero. Finalmente, el 12 de octubre de 1840 María Cristina de Borbón Dos-Sicilias partía hacia el exilio en Francia, y el 10 de mayo de 1841 las Cortes elegían a Espartero como regente del reino.

En octubre de 1840 el proyecto progresista y la figura del Espartero quedaron ligados, los contenidos de dicho proyecto está expuesto en claves de oposición al proyecto y a las practicas moderadas recientes, a los que se acusa de haber aceptado hipócritamente la Constitución de 1837, que habría sido desvirtuada por la presentación de los célebres proyectos de ley, imprenta, elecciones y ayuntamientos, debatidos por unas Cortes consideradas de dudosa legitimidad, ya que habían sido fruto de la intervención abusiva de la autoridad política a la hora de votar. Durante el 12 de octubre de 1840 y el 10 de mayo de 1841 en que es elegido Espartero como Regente, transcurre un período de interinidad caracterizado por el llamado ministerio-regencia provisional de Espartero. La elección de Espartero como Regente por las Cortes no fue tan unánime como hubiera deseado, su éxito político no correspondía con su éxito militar ya que no contaba con la unanimidad del partido progresista. En julio de 1843, apenas 3 años después de conseguir la Regencia, se concatenan los últimos episodios de la Regencia de Espartero. El 23 de julio, como resultado de la entrada de sublevados en Madrid, Espartero embarcaba en el Puerto de Santa María hacia el exilio británico, sufriendo el mismo destino que él mismo, en parte, había creado para la Regente anterior.

BIBLIOGRAFÍA

  • Arósegui, J., et ali. 2003, El Carlismo y las guerras carlistas. Hechos, hombres e ideas, Madrid.
  • Bahamonde, A., Martínez, J.A., 1994, Historia de España. Siglo XIX, Madrid, Cátedra.
  • Carr, R., Fusi, J.P., 2009, España 1808-2008, Barcelona, Ariel.
  • Santirso, M., 2008, Progreso y libertad: España en la Europa liberal (1830-1870), Barcelona, Ariel.

 

RECURSOS ELECTRÓNICOS

Gaceta de Madrid, nº1 del 1 de enero de 1833

Gaceta Extraordinaria de Madrid, nº119 del 29 de septiembre de 1833

Gaceta de Madrid, nº 93 del 24 de mayo de 1934

 

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